La necesidad de obtener la autorización de un fedatario público español para adquirir los bienes exigirá la obligación de contar con una documentación adecuada para acreditar los derechos sucesorios con arreglo al derecho español. Y es aquí donde comienzan los problemas, dadas las enormes diferencias entre las legislaciones americana y española en materia sucesoria.
En primer lugar, si la herencia no está sujeta a derecho sucesorio español, y no existe tampoco un testamento español para regular el destino de los bienes situados en España, nos encontraremos con la necesidad de contar con un título sucesorio americano que sea adecuado a la vista del derecho español. Aquí cobrará especial importancia conocer si existe testamento extranjero o si la sucesión es intestada; si el testamento ha pasado por el Probate; si se ha depositado copia del testamento en los juzgados; o si se han utilizado adicionalmente figuras de marcado carácter anglosajón, como es el caso de los Trust o fideicomisos.
Por otro lado, en gran cantidad de ocasiones deberá producirse documentación adicional que adecúe la legislación americana a la legalidad española, y aquí cobrará especial relevancia la relación que exista entre los asesores de ambos países, así como las conversaciones previas con el Notario español que vaya a intervenir en la herencia.
Adicionalmente, la posible residencia en el exterior de las personas intervinientes exigirá un esfuerzo en tiempo y dinero para acudir al Notario español, o la necesidad de que otorguen los correspondientes poderes con facultades suficientes de representación.
Por último, hay que recordar que la documentación emitida por las autoridades extranjeras y la redacción en un idioma distinto al castellano exigirán la obligación de efectuar la Apostilla de La Haya -para reconocer al órgano extranjero- y la correspondiente traducción jurada del documento.
Por lo que respecta a la tributación, recientes sentencias de tribunales españoles han permitido que actualmente los herederos no residentes en España puedan contar con las mismas bonificaciones que aplican para los herederos residentes. La tributación de los herederos no residentes dependerá de dónde esté situada la residencia del causante, y si el causante no fuera residente fiscal en España, la normativa aplicable será la aprobada por la Comunidad Autónoma en donde se encuentre el mayor valor de los bienes y derechos del caudal relicto situados en España.
Es por ello que una planificación fiscal previa, cuando fuera posible, está más que justificada para intentar atraer la herencia a legislaciones autonómicas más favorables fiscalmente.
