El PSOE, que es el partido que actualmente gobierna España, ha presentado recientemente en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley con una serie de medidas que según ese partido político permitirá mejorar el acceso a la vivienda.

Dentro de estas propuestas, una de ellas ha llamado especialmente la atención: la propuesta de un nuevo impuesto estatal dirigido a los no residentes en la Unión Europea que compren inmuebles en España.

Este nuevo tributo que desean imponer, denominado “Impuesto Complementario Estatal sobre la Transmisión de Bienes Inmuebles a No residentes de la UE”, afectaría a las compras de viviendas de segunda mano realizadas por personas que vivan fuera de la Unión Europea.

Por lo tanto, no se aplicaría a las compras de inmuebles de nueva construcción (cuando se compra al promotor inmobiliario), ni a aquellos casos en los que tanto el comprador como el vendedor sean empresas o profesionales. Tampoco aplicaría a aquellos extranjeros que en el momento de la compra sean residentes fiscales en España.

Lo más polémico es el alcance económico que tendría este impuesto, en caso de llegar a aprobarse.

La base imponible sería el valor de referencia del inmueble, que es un valor proporcionado por el Catastro. O el precio de compra, si este valor fuera más alto que el de referencia, lo cual suele ocurrir.

A esa base imponible así calculada se le aplicaría un tipo de gravamen del 100%, lo que significa que el comprador pagaría, literalmente, un impuesto desorbitado que podría llegar a ser igual al valor de lo que ha comprado, aunque podría descontar el impuesto de transmisiones satisfecho a la comunidad autónoma.

A nuestro parecer, en caso de aprobarse esta propuesta, el impuesto sería inconstitucional.
Por un lado, se podría considerar que estamos ante un impuesto confiscatorio, ya que aplicar un tipo de gravamen del 100% iría en contra de los principios constitucionales.

Pero es que además vulneraría el derecho comunitario, al afectar a la libre circulación de capitales, un derecho que, según el Tribunal de Justicia de la UE, también ampara a los ciudadanos de países fuera de la Unión Europea.

En definitiva, entendemos que esta propuesta de impuesto supone una medida mediática impuesta por el Gobierno para frenar la compra de viviendas por extranjeros no comunitarios. Pero vemos pocos visos de que la misma llegue a aprobarse, y si lo hiciese, a que pueda llegar a ser considerada válida por el Tribunal Constitucional.

En todo caso, es innegable que la noticia supone un claro desincentivo para la inversión extranjera en propiedades situadas en España.